La Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana se crea el año 2014, en el gabinete ministerial, con el objetivo de resguardar y promover el derecho a la participación de la comunidad educativa y de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas en el marco de la Reforma educacional, en base a los principios de igualdad y no discriminación e incorporando el enfoque de los Derechos Humanos.

La Unidad refleja los cambios de relación entre el Estado y la ciudadanía, generando vinculación en los procesos de la política pública, promoviendo la inclusión y el respeto de la diversidad social, resguardando la pertinencia cultural y territorial, fortaleciendo la confianza en la institucionalidad pública y fortaleciendo la responsabilidad que tiene la educación en el resguardo de la democracia.